Como en la mayoría de los países, se reglamentó el uso del patrimonio cultural nacional para eventos privados.Como en la mayoría de los países, se reglamentó el uso del patrimonio cultural nacional para eventos privados.
Basta asomarse a los sitios de los más importantes museos del mundo para advertir una discreta carpeta en la que un eufemismo más o menos elegante invita a programar eventos empresarios. En el Thyssen-Bornemisza, de Madrid, la solapa “Eventos corporativos” ofrece “la realización de actos sociales y corporativos, que permite a las empresas contribuir a la conservación y difusión de una de las colecciones más importantes del mundo”.
En otras palabras, el Museo ofrece sectores en alquiler y hasta rodea este empleo con un espíritu ritual significativo para el bien común. Aquel que lo alquila en verdad es un benefactor; ya no existe noción de ciudadanía plena sin un consumo cultural activo y responsable. ¿Quién preferiría un salón de la cadena Marriott a la insuperable terraza del Metropolitan, con su vista al Central Park?
La noticia de que las instalaciones del patrimonio cultural, desde el Cabildo hasta el Museo de Arte Decorativo, se ofrecen para eventos privados generó comentarios y sospechas, sobre todo guiadas por el desconocimiento.
Publicada el martes en el Boletín Oficial, la resolución 811/ 2018 no hizo más que transparentar una política de autofinanciamiento que estaba contemplada desde 1977 pero permanecía en la zona gris de las cesiones amistosas -o los acuerdos bajo cuerda..
. Debido a la drástica transformación de los públicos y el aumento sideral de los costos, en los útimos años cayeron casi todos los bastiones puristas del mundo. Hoy hasta el Grand Palais de París y el Victoria & Albert Hall londinense pueden ser alquilados.
Lo que no significa que sean aptos para fiestas sociales, que involucran actividades atentatorias contra el acervo. Este último es el caso de Villa Ocampo, hoy bajo revisión intensa.
El histórico palacio sanisidrense, propiedad de la Unesco, que además lo gestiona, funciona casi como un salón de fiestas, al punto de haberse desdibujado su objeto. Ya no tiene ni un cartel con horarios en la puerta, su programación es escuálida y acumula denuncias de los vecinos por ruidos molestos.
En algunos casos, el rechazo a la posibilidad de que las instituciones nacionales “moneticen” las largas horas del día que permanecen cerradas al público exhibe un trasfondo infantil.
O un matiz de cinismo. Nos choca el alquiler pero al mismo tiempo esperamos que los museos sigan siendo gratuitos y que además ofrezcan una programación generosa y en paridad global, enteramente financiada por el Estado –mientas no dejamos de exigir que bajen los impuestos. No parece que debamos bendecir estas aspiraciones con la palabra utopía. Se trata más bien de un ideal irrealizable. Lo penoso, en todo caso, es que se cedan gratuitamente espacios públicos cuya construcción sería irrepetible. En el ámbito de la Ciudad, donde el Teatro San Martín ofrece sus salas y foyers por $ 70.000, ¿no es deprimente que el histórico Teatro Presidente Alvear siga cerrado y sin fecha de apertura, cuando su alquiler podría costear la restauración
El secretario de Patrimonio Cultural de Nación, Marcelo Panozzo, subraya que el actual sinceramiento “es parte del proceso de transparentar la gestión de los museos, desatendidos por años. El mismo afán pusimos al redefinir reglas de juego para las Asociaciones de Amigos de los museos, que operaban sin reglamento. Los museos eran tierra de nadie.
El antimodelo de la administración anterior fue la Casa de Tucumán; allí directamente se hacían fiestas. Y cuando se cobraba algo, entraba en un circuito sinuoso
. Ahora estos fondos los cobra el Ministerio pero regresan al museo relativamente rápido y en forma directa.” Otra cuestión clave es establecer parámetros de uso, que no son automáticos. Cada pedido se evaluará.
Observa Panozzo que, más allá del canon obsoleto, tampoco se contaba con previsiones de seguridad para una infraestructura sometida a desgaste y de mantenimiento oneroso.
Por último, quienes se oponen argumentan que, en su mercantilismo, estos usos profanan el carácter simbólico del patrimonio común, y que en rigor, comienzan a enajenarse.
Pero podríamos pensar que la corrupción administrativa es, en rigor, la forma más común de la desacralización..
(La Nacion)