El fiscal de Instrucción Nº 6 de Capital Gustavo Roubineau, quien tiene a su cargo la investigación por estafa por la compra y venta de lotes mediante falsificación de documentos públicos, que derivaron en un escándalo institucional aseguró: «Queremos llegar a fondo con toda esta organización». El representante del Ministerio Público sostuvo que la causa está compuesta de «más de 20 expedientes de ciudadanos comunes que de un día para el otro se levantaron y se enteraron que sus inmuebles tenían otros dueños», acentuó. También indicó que los terrenos con ventas irregulares «son de distintas zonas», como «unas 5 mil hectáreas en Loreto, terrenos en Riachuelo, Capital y el famoso loteo sobre la ruta de acceso a Santa Ana. Hay distintos inmuebles».
«Acá también está muy clara la responsabilidad de la escribana Báez, lo puedo afirmar, respecto de la forma en que manejaba su protocolo. Un escribano tiene que ser no sólo prolijo, sino extremadamente cuidadoso con los documentos que autoriza y que después inscribe. Lo que acá se ve es un desastre», remarcó Roubineau, en declaraciones radiales. Hasta el momento, además de María Eugenia Demetrio y Narciso Toffoletti, permanecen detenidos Pedro Verón, Wilda Bergna Velazco, María Correa de Ríos, Mercedes Aróstegui y Mercedes Arce. Al respecto, el fiscal confirmó que hay cinco pedidos de excarcelación que están siguiendo los trámites habituales, «como en cualquier proceso», acotó. Los dos que aún no presentaron esa petición serían Toffoletti y Arce. La semana pasada, los detenidos asistieron en audiencia al juzgado de Instrucción Nº 3 y se informaron de las acusaciones ante la juez Josefina González Cabañas. Sólo uno de los siete decidió declarar. Por otra parte, según estimó Roubineau: «Hay más de 15 imputados porque hay otras causas que tienen que ver con ciudadanos que se presentaron con posterioridad a la primera tanda de detenciones y cuando se conoció que se trataría de actuaciones irregulares de la escribana Báez». Roubineau también hizo hincapié en que «la investigación no surgió de una denuncia del Registro de la Propiedad ni de Catastro. Esto surgió en la investigación del Poder Judicial. Nosotros, desde el 2019 que tenemos una denuncia de los sucesores de Julio Romero (ex gobernador de Corrientes), en la que informaron que en sus campos se había presentado una persona diciendo que era el nuevo dueño, invocando un titulo de propiedad que aparentemente era legal, emitido por autoridades del registro», aseguró.
En tanto el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos presentados por la escribana Gladys Dionisia Báez, quien fuera sancionada por el Colegio de Escribanos por incumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función notarial. La sanción disciplinaria la aplicó el Colegio de Escribanos en el marco de lo establecido por Ley Notarial con motivo de las presuntas irregularidades detectadas en el otorgamiento y autorización de un documento privado de fecha 29 de agosto de 2011. En ese documento los padres de un niño, en ejercicio de la patria potestad dieron expresa conformidad y autorización para que su hijo pueda viajar en compañía de sus tíos que vivían en Buenos Aires en forma conjunta, separada o alternativa por todo el territorio de la República Argentina y países limítrofes. Además, lo dieron en guarda y los designaron tutores del pequeño.
«Sabido es que la responsabilidad profesional se configura por el solo y objetivo hecho del incumplimiento de normas legales expresas, en otras palabras, por la inobservancia de las disposiciones que imponen los deberes al notario, por acción u omisión», manifestó. El sumario se inició en el año 2011 y llevaba diez años de trámite, sin embargo, la demora no era imputable a las autoridades encargadas de la tramitación, informaron fuentes del Poder Judicial.
(Fuente:Diario Norte)
