Desde el Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, a través del cual la institución concreta su compromiso con el cumplimiento de los derechos indígenas, nos manifestamos repudiando el homicidio de Josué Florentín Lagos, joven Qom de la localidad de General San Martín, Chaco tío de Oscar Lagos, estudiante del Profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades de esta Universidad.
Exigimos justicia a través del accionar del Ministerio correspondiente y el fin de la impunidad de avasallamientos y crímenes reiteradamente sufridos por estos Pueblos.
Nos encontramos transitando una etapa difícil, el aislamiento por la pandemia trae entre otras consecuencias el agravamiento de la crisis económica, crisis que nos afecta a todos, pero que golpea de manera impiadosa a los grupos de población vulnerados; entre los que se encuentran los Pueblos Indígenas del Chaco.
La violencia hacia los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit es sistemática desde hace más de 100 años, a través de procesos de expoliación de las tierras y los recursos que les permitían el sustento y reproducción de su vida comunitaria. En paralelo al despojo material, la sociedad nacional se conformó sobre el imaginario de provenir de los barcos llegados desde Europa, negando la presencia indígena y definiendo a sus culturas y lenguas como expresión de un pasado inexistente. Tales conforman sustratos que operan de manera determinante generando desigualdades socio-económicas; exclusión en el acceso al trabajo, la salud, la vivienda y la educación, así como actitudes racistas y discriminatorias hacia esta población. El crimen del joven Lagos se inscribe en estas duras condiciones.
Al mismo tiempo, reconocemos que la provincia del Chaco se destaca del conjunto por aprobar en su normativa derechos indígenas de avanzada, así como por la implementación de políticas públicas que buscan reparar tal situación y construir junto a estos Pueblos un presente y futuro más dignos, en tanto ciudadanos con igualdad ante la ley y de derechos específicos por su adscripción étnica. Entre esas normativas recordamos la vigencia de Ley Provincial No. 3244/20 que establece la capacitación en Derechos Indígenas para los tres poderes del Estado, con hincapié en la policía. Su implementación debe ser inmediata, además de las acciones penales que el Estado debe implementar ante este hecho puntual.
Como integrantes de un programa institucional que trabaja para modificar la exclusión educativa y la formación intercultural nos solidarizamos con la familia de Josué Lagos, y nos ponemos a disposición para aportar al desarrollo de acciones y políticas que reviertan de raíz, estos hechos de violencia.