La vuelta a clases presenciales cuenta con los protocolos federales

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El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica.

El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local.

Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.

La reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas de cada región y la asistencia será alternada por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal”.

Para ello, resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa.

Cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. El mismo deberá contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativas y sanitarias de cada jurisdicción.

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