
El Ministerio Público Fiscal intenta consolidar una acusación sólida frente a un escenario de extrema complejidad.
El fiscal general Carlos Schaefer ha ofrecido recientemente un panorama detallado sobre la trama que rodea el caso, permitiendo identificar con claridad cuáles son los pilares que sostienen la hipótesis de la fiscalía y cuáles son los baches probatorios que aún generan incertidumbre en el proceso judicial.
A pesar de los meses transcurridos, la causa se mueve en una dualidad marcada por certezas fácticas sobre la desaparición y una preocupante carencia de respuestas sobre el destino final del niño y las motivaciones reales de los captores.
Dentro de los puntos fuertes de la acusación, la fiscalía destaca que existen elementos suficientes para acreditar que Loan fue sustraído en la zona del naranjal por el grupo de adultos que lo acompañaba. Schaefer subraya como un avance significativo el hecho de tener personas procesadas y detenidas, diferenciando este proceso de otros casos de desapariciones infantiles en Argentina que permanecen sin sospechosos identificados.
La reconstrucción de los hechos posteriores al almuerzo en la casa de la abuela Catalina ha permitido a los investigadores detectar comportamientos que consideran incriminatorios.
Entre ellos se destaca el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, donde resalta una comunicación de nueve minutos entre Antonio Benítez y Laudelina Peña, así como la llamativa reacción del matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes se retiraron del lugar a sabiendas de que el menor ya no estaba localizado.
Otro aspecto fundamental que robustece la postura del Ministerio Público son las pericias técnicas realizadas sobre los vehículos de los detenidos.
La pericia odorífera en la camioneta y el automóvil Ford Ka dio resultados positivos, sugiriendo la presencia del niño en dichos rodados.
Asimismo, el hallazgo de un rastro de sangre masculina en el paragolpes de la camioneta de Pérez y Caillava representa un indicio de peso, especialmente luego de que la fiscalía lograra desmentir la coartada de la defensa, que atribuía ese rastro a supuestos mecánicos de un taller oficial que no veían el vehículo desde hacía más de seis meses.
Para Schaefer, la sumatoria de estas situaciones, junto con el intento documentado de plantar un botín en el campo para desviar la búsqueda hacia la hipótesis de un extravío, confirma la responsabilidad de los imputados en la sustracción.










