Mediante la Resolución General 5824/2026, el organismo busca eliminar los últimos rastros de informalidad en las transacciones económicas.
Este cambio estructural reemplaza normativas con décadas de vigencia que permitían libertades en el registro de operaciones.
El objetivo central es lograr una trazabilidad absoluta de todos los movimientos de dinero entre profesionales, empresas y consumidores.
El Gobierno pretende que ningún sector quede fuera del control fiscal electrónico. La medida apunta a simplificar la recaudación y reducir la evasión impositiva de manera drástica.
Los cambios afectan tanto a grandes corporaciones como a pequeños prestadores de servicios en todo el país.
La normativa modifica profundamente el régimen de emisión de comprobantes conocido hasta ahora, conectando facturación con los nuevos sistemas simplificados de Ganancias e IVA.
Una de las novedades más impactantes es la incorporación de sujetos históricamente exentos de facturar electrónicamente.
Entre ellos se encuentran directores de sociedades anónimas, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, fiduciarios y profesionales con honorarios judiciales específicos. Todos deberán emitir comprobantes digitales obligatorios.
