Un tribunal federal de Corrientes declaró «inconstitucional» el Impuesto a la Riqueza que impulsó Máximo Kirchner en plena pandemia de coronavirus. En el fallo, de primera instancia, la Justicia aseguró que la medida impositiva es «confiscatoria».
El fallo del juzgado federal de Corrientes, que tiene al juez Gustavo del Corazón Fresneda como titular,cuestionó la aplicación del «Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia» -tal es el nombre oficial del impuesto hecho ley por el Senado en diciembre pasado- por violar «garantías y principios constitucionales».
Consideró que el Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte. Y, además, iría en contra del derecho de propiedad, principio de no confiscatoriedad, principio de razonabilidad y principio de capacidad contributiva, todos ellos amparados en la letra de la Constitución Nacional.
El tribunal falló de este modo ante la presentación de un empresario ganadero, dueño de la Cabaña La Tilita (Doña Chica S.A.) y especializado en la cría de la raza Brangus.
En sus fundamentos sobre el caso, el juez evaluó que la «alícuota efectiva» sobre la renta del ganadero en 2020 «sería de 118.658,78%», de acuerdo al fallo al que accedió La Nación.
El Impuesto a la Riqueza provocaría una «manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», continúa el fallo.
Por último, califica como «desmesurada» la carga del Aporte Extraordinario, ya que «restringiría de manera inadmisible» el patrimonio del empresario y «desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor».
El Aporte Solidario y Extraordinario fue un proyecto que impulsó el kirchnerismo y que tuvo al diputado Máximo Kirchner -entonces presidente de la bancada oficialista en la Cámara Baja- como su principal animador. Fue aprobado el 4 de diciembre de 2020 en el Congreso, donde asistió una comitiva de funcionarios encabezada por Martín Guzmán.
El Litoral