El juez federal Sergio Torres le trabó a su par correntino un embargo de $ 20 millones. También procesó con prisión preventiva a los secretarios Molina y Grau, y a cinco abogados y al exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone.
El juez federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue procesado como jefe de una asociación ilícita que conformaron con dos secretarios del juzgado, cinco abogados y el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, con el objetivo de cobrar sobornos a cambio de fallos judiciales que favorecían a una banda narco de Itatí, que era la encargada de ingresar marihuana desde Paraguay para luego distribuirla en siete provincias.
La decisión de procesar a Soto Dávila y al resto de los imputados la tomó el juez federal Sergio Torres, que decidió también trabar un embargo de 20 millones de pesos al magistrado, cuyo futuro en el juzgado de Corrientes depende del Consejo de la Magistratura, cuya Comisión de Acusación y Disciplina lo citó para febrero.
El juez Torres dictó la prisión preventiva para los secretarios del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes Pablo Molina y Federico Grau, y para los abogados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione, Gregorio Giménez y Jorge Vallejos, como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho agravado. Omar Serial y el exjefe comunal de Empedrado, Faraone, fueron imputados de cohecho activo agravado.
El fallo de procesamiento señala que narcos de la zona de Itatí se contactó con ese grupo de abogados y con Faraone, quien tenía una afinidad con Soto Dávila, “para iniciar las tratativas que culminaron con el pago de ciertas sumas de dinero, la entrega de beneficios o la realización de promesas para que el magistrado de Corrientes, con la rúbrica de sus secretarios, dictara resoluciones favorables, va dejando sin efecto detenciones ordenadas o disponiendo de la libertad de quienes ya se encontraban presos”.
En la investigación que llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, se detectaron diez casos en los que hay sospechas de que se produjo el pago de sobornos por un total de 1.115.000 pesos, aunque Soto Dávila fue imputado de ocho hechos.
Diario Litoral