El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, tiene previsto presentarse hoy a declaración indagatoria. La diligencia se cumplirá en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 12 de Sergio Torres, situado en el 4º piso de Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires. Soto Dávila tiene al menos 12 cargos de presunta conexión con el narcotráfico que operaba desde Itatí. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura avanzará sobre un posible juicio político.
El magistrado porteño ordenó la detención de Soto Dávila, sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau y de cuatro abogados.
Están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.
Para que quede detenido el juez Soto Dávila, es preciso que el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento de jury de enjuiciamiento de rigor para quitarle los fueros.
El martes 4 de diciembre, la Gendarmería, cumpliendo orden del juez Torres, realizó diligencias y detuvo a los secretarios del Juzgado Federal Nº 1 Federico Grau, de Corrientes, y Pablo Molina, con domicilio en Resistencia, quien no estaba en esas funciones como secretario Penal Nº 2. Cuando lo denunciaron y se inició el proceso, pidió licencia y luego lo reasignaron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco.
También fueron detenidos los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al abogado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.
Juicio político
El Consejo de la Magistratura activó el pedido de juicio político al juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, acusado de encubrir a narcotraficantes a cambio de plata. El organismo que analiza la conducta de los jueces decidió citarlo para que dé explicaciones, en una fecha que fijará la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo.
El magistrado es investigado en una causa que investiga a narcotraficantes que operaban en Itatí, Corrientes, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.
La acusación concreta sobre el magistrado es la de dictar resoluciones favorables a los narcos, algunas de ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. Soto Dávila fue involucrado a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para tener protección, sumado a escuchas telefónicas de su entorno.
En una de las escuchas telefónicas uno de los detenidos asegura que Soto Dávila es “un juez piola de Corrientes”.
“A ese le tirás una punta, unos pesos y se arregla”, dice el hombre, a diferencia de otros jueces que pedirían su arresto, afirma el acusado en el diálogo telefónico.
El 11 de septiembre de 2014, el juez federal Soto Dávila (72) concedió la exención de prisión a uno de los narcos más pesados de la provincia: Carlos Cachito Bareiro. Oficialmente lo hizo bajo “caución juratoria”, sin exigirle ni un peso de fianza. Lo mantuvo en libertad y luego lo procesó. Sin embargo, la resolución no habría sido gratis.
Según las pruebas reunidas por el juez Torres, Bareiro pagó un millón de pesos de coima para dejar de ser considerado “prófugo” en una causa grave: se lo señalaba como dueño de un cargamento de 542 kilos de marihuana que había sido secuestrado por la Gendarmería el 17 de septiembre de 2011.
La libertad de Bareiro es uno de los 10 casos reunidos por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en los que se acusa a Soto Dávila y a sus secretarios (Federico Grau y Pablo Molina) de ser cabezas de un armado sistemático de cobro de coimas a cambio de liberar a narcos de la talla de Cachito Bareiro, Federico Morenita Marín y Luis Saucedo, responsables –entre los tres– del tráfico de unas 15 toneladas de marihuana.
Fuente: Diario La República
